El estudio describe el impacto del desplazamiento forzado interno en tres estados: Jalisco, Puebla y Querétaro. Los principales resultados en este artículo.
El Proyecto para el Fortalecimiento de la Integración Local (PROFIL) en colaboración con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) y el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación (SUDIMER) de la UNAM presentaron el estudio “Desplazamiento Forzado Interno en México: análisis y recomendaciones para su atención en Jalisco, Puebla y Querétaro”.
El objetivo de la investigación es conocer las características y la magnitud del Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México y su integración en las políticas públicas a nivel federal y en tres entidades específicas: Puebla, Jalisco y Querétaro. Fue dirigida por la Dra. Luciana Gandini, el Dr. Juan Carlos Narváez y la Mtra. María Teresa del Riego.
La estructura metodológica del informe incluye un abordaje conceptual y normativo sobre el DFI, así como una exploración sociodemográfica con bases de datos como el Censo de Población y Vivienda 2020. Además, incorpora una revisión de la agenda pública y la incidencia en las políticas públicas sobre esta temática.
Principales resultados
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el desplazamiento forzado interno implica que personas o grupos se vean obligadas a huir de su hogar o residencia habitual. Las razones pueden ser variadas: conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos, catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, entre otras. Los expertos advierten que puede ser tanto un fenómeno lento como repentino.
En la investigación se identificó que algunos de los impactos negativos más graves del DFI en México han sido:
- Pérdida del proyecto de vida
- Ruptura de lazos familiares y sociales
- Desaparición de los medios de vida y el patrimonio
- Imposibilidad de acceder a servicios básicos (educación, salud, empleo, entre otros)
- Limitación para ejercer sus derechos de participación política y social.
El informe también menciona que hay poblaciones con mayor vulnerabilidad en el DFI: mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, los miembros de comunidades indígenas y la comunidad LGBT+.
Desafíos del desplazamiento forzado
Uno de los principales retos que enfrenta el abordaje del DFI en materia institucional es la falta de una herramienta oficial en el país que permita medirlo. En ese sentido, el uso de herramientas cuantitativas tiene limitaciones importantes como, por ejemplo, la imposibilidad de medir la multicausalidad del DFI; ni tampoco hay registros explícitos de los micro-desplazamientos al interior de los municipios.
Sin embargo, este trabajo coincidió con la publicación del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que permitió hacer una estimación de la DFI a lo largo del país y en los estados seleccionados. Se estima que cerca de 306.755 personas en México se han visto forzadas a dejar su lugar de origen.
Estas estimaciones reflejan que las principales entidades federativas expulsoras de personas desplazadas internas son Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Jalisco. Estas entidades son, al mismo tiempo, receptoras de personas en este contexto de movilidad (con excepción de Tamaulipas y Guerrero), a las que se le suman Hidalgo, Puebla, Querétaro y Yucatán.
- Para el caso de Querétaro, se calcula que el 35% de la población desplazada interna proviene de la Ciudad de México, el 20.6% del Estado de México, el 10% de Guerrero, y el resto procede de otras entidades.
- En Puebla el 20% es de la Ciudad de México, el 18% del Edomex, y el 5% de Guerrero.
- Finalmente, en Jalisco, el desplazamiento entre municipios de la entidad es el flujo más considerable al involucrar al 61% de la población DFI, en comparación con el 5.9% de la población procedente de Ciudad de México y el 5.7% de Guerrero.
El desplazamiento interno en la agenda pública
Los investigadores destacaron que hay avances considerables en la agenda pública sobre el DFI. En primer lugar, el reconocimiento del gobierno mexicano de la existencia del desplazamiento forzado interno.
En segundo lugar, la inclusión del DFI en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024. Y, por último, la aprobación en 2020 por la Cámara de Diputados de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno. Actualmente, espera de la aprobación en el Senado.
Otro resultado importante de este informe es el reconocimiento de distintas modalidades de DFI en las entidades de la investigación. Es decir, la existencia del desplazamiento intermunicipal, intramunicipal, rural-rural, rural-urbano, urbano-urbano e interurbano, y que, ante ello, no existe legislación en las tres entidades que pueda atender el DFI.
En el informe, además, se expide una serie de recomendaciones para el seguimiento del DFI, tanto a nivel nacional como en los estados de diagnóstico:
- Fortalecimiento de los marcos normativos que reconozcan la existencia del DFI
- Elaboración de proyectos para la prevención del DFI y la construcción de paz
- Elaboración de iniciativas que permitan la integración local y la sensibilización
Sobre PROFIL
PROFIL es un programa implementado por el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) en México. Su objetivo es apoyar el fortalecimiento de las capacidades de integración de personas migrantes y refugiadas en el país.
El programa es financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y estará vigente hasta 2024. Durante su intervención, aspira a generar un impacto más allá de los estados piloto fomentando una integración sostenible de las personas migrantes y refugiadas en México, a partir de las redes de trabajo y sinergias creadas en distintos niveles.
