Encontrándonos es una serie audiovisual que refleja el trabajo realizado por el programa “Protegiendo Vidas, Transformando futuros”. Esta iniciativa trabaja en el fortalecimiento de capacidades y actividades de integración en Colombia. Es respaldado por la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ), la Unión Europea y CONSORNOC. 

En el primer capítulo, se aborda el proceso de formación y capacitación para agentes multiplicadores en prevención y protección del diálogo, así como convivencia en procesos migratorios. Se trabajó durante 12 sesiones con funcionariado público y personas líderes comunitarias en 6 municipios colombianos: Pamplona, Toledo, Labateca, Silos, Herrán y Chitagá. En cada una de ellas, se abordó un tema en particular relacionado a aspectos jurídicos, psicosociales, comunitarios,  de protección, comunicación, entre otros. 

El segundo capítulo muestra un resumen del Festival Lazos Fraternos, que se organizó para promover el intercambio cultural y la convivencia pacífica desde el arte. Se trabajó con población colombiana y venezolana a través de expresiones artísticas y gastronómicas, en donde lo autóctono, tanto de Colombia como de Venezuela, fue el puente de unión entre las personas. 

Por su parte, el tercer vídeo de la serie refleja como el equipo del proyecto se unió a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y a los 16 días de activismo que se realizaron en la región.  

Finalmente, el cuarto y último vídeo de la serie muestra los aspectos más relevantes del evento Alimentemos nuestros corazones solidarios TAMALHAYACATÓN 2023, espacio de protección, inclusión y mitigación de la xenofobia con la población migrante, retornada y comunidades de acogida. Se aunaron esfuerzos en el intercambio de gastronomía tradicional, como las hayacas venezolanas y los tamales colombianos, con el fin de evocar los buenos recuerdos de la época navideña en las personas que hacen uso de los puntos de acogida y habitantes de las localidades cercanas. 

La Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) creó el Grupo de Trabajo Binacional México y Colombia sobre derechos humanos en las cadenas de suministro.  

El evento de lanzamiento reunió a más de 140 representantes de empresas, sociedad civil y academia con el objetivo de socializar los estándares nacionales e internacionales sobre derechos humanos y empresas.  

Además, se buscó identificar los impactos potenciales de las empresas en los derechos humanos, así como generar herramientas para la prevención y mitigación de estos efectos. Finalmente, se pretendió consolidar y difundir buenas prácticas empresariales en la materia.  

Durante el espacio, la experta invitada Jana Sievers, de la empresa Helpdesk, explicó cuáles son las implicaciones de la nueva ley de debida diligencia alemana (LKSG, por sus siglas en alemán) para prevenir vulneraciones a los derechos humanos en las cadenas de suministro. 

Cabe destacar que este Grupo Binacional forma parte del proyecto de cooperación triangular entre México y Colombia, implementado por Alliance for Integrity con el apoyo principal de sus socios, las cámaras de industria y comercio colombo-alemana (AHK Colombia) y mexicano-alemana (CAMEXA).  

La relación entre los derechos humanos y la cadena de suministros es fundamental para garantizar una práctica empresarial ética. En la producción y distribución de un producto, las compañías deben ser responsables de asegurar el respeto de los derechos humanos del personal y comunidades locales.  

En definitiva, la meta es garantizar una producción justa y sin explotación, lo que contribuye a la protección de los derechos humanos y promueve una cadena de suministros sostenible. Este Grupo de Trabajo Binacional es una oportunidad para que más empresas colombianas y mexicanas se sumen y contribuyan al respeto de los derechos humanos como parte esencial de su integridad empresarial. 

Fuente: GIZ México 

El programa ALTERNATIVAS, de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ), realizó un taller regional de acompañamiento psicosocial a niñez, adolescencia y juventud LGBTIQ+ y sus familias en Tegucigalpa. El espacio estuvo dirigido a personal técnico de instituciones que brindan estos servicios en diferentes países de Centroamérica y República Dominicana. 

El taller contó con la participación de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) de Honduras y delegaciones internacionales de República Dominicana y Panamá. En conjunto, las personas participantes reflexionaron sobre distintos temas que afectan a la niñez y juventud del colectivo LGBTIQ+. 

Entre los temas abordados se analizaron las buenas prácticas implementadas en los países involucrados para prevenir la violencia y promover el bienestar e inclusión del colectivo LGBTIQ+. En este contexto, se destacaron las acciones realizadas por las organizaciones Amigos Siempre Amigos y Casa Q de la República Dominicana, así como de SEDESOL Honduras. 

El espacio también contó con la participación especial del diputado del Congreso Nacional de Honduras, Víctor Grajeda y la moderación de Cristhian Jiménez, coordinador de Programas de Inclusión y Derechos Humanos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en República Dominicana. 

Este encuentro se realizó en cooperación con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) de Honduras y la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA), entre el 20 y 22 de febrero. 

El programa ALTERNATIVAS es implementado por la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable – GIZ Región SICA  en coordinación con la  Secretaría de la Integración Social Centroamericana – SISCA. Es el resultado de la alianza suscrita entre la República Federal de Alemania y los países que integran los países de la región SICA. 

Fuente: ALTERNATIVAS 

Colombia ha sido un país receptor de personas migrantes provenientes de Venezuela desde 2015. Según estadísticas del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) de enero de 2022, más de 1.7 millones de venezolanos viven en Colombia, especialmente asentados en Norte de Santander y el departamento de Nariño. 

Ante esta situación, CARE y la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) en Colombia, a través del proyecto “Tejiendo Lazos en Norte de Santander y Nariño” desarrollaron acciones encaminadas a brindar asistencia psicosocial para la mitigación de los impactos emocionales de la migración, entre febrero de 2022 y febrero de 2023. Para ello, un grupo de profesionales del área de la salud mental diseñaron unas metodologías que facilitaron el acompañamiento a las personas en diferentes encuentros, incluyendo acciones grupales e individuales. 

Los objetivos de esta experiencia que se comparten fueron principalmente dos: 

• Generar estrategias de empoderamiento de las mujeres in situ, entre personas migrantes y comunidades de acogida, asegurando la inclusión social y el intercambio binacional para incrementar los mecanismos de protección. 
• Apoyar en el acceso más equitativo en la  asistencia de protección de calidad, incluida la prevención, mitigación y respuesta de riesgos de violencia de género, para diversas mujeres, niñas, personas LGBTIQA + y otras personas en riesgo en Norte de Santander y Nariño. 

En estos documentos se recoge la experiencia, así como lecciones aprendidas. 

Una nueva serie documental relata los orígenes, afectaciones y resistencias que han vivido las comunidades afro en el departamento de Caquetá en Colombia. Su objetivo es visibilizar cómo han vivido el conflicto colombiano. 

Esta iniciativa deriva de la implementación del acuerdo de paz que el Estado colombiano firmó con las Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en 2016. Entre los mecanismos que se han puesto en marcha para lograr una paz integral se encuentran: la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. 

La mesa consultiva afro de Caquetá –que incluye a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP)– solicitó al Sistema Integral de Paz (SIPAZ) un reconocimiento sobre las resistencias que han sufrido en el marco del conflicto armado. Consideran que sus integrantes tuvieron, y aún tienen, afectaciones diferenciales por su origen racial. 

Así fue como se decidió realizar una serie documental en la que las personas adultas de las comunidades NARP del norte, centro y sur de Caquetá contaron sus historias mientras que los niños, niñas y jóvenes dibujaron lo que escuchaban de esos relatos para la animación.  

Esta metodología de la Escuela Audiovisual Infantil permitió crear estos vídeos que posibilitan el diálogo intergeneracional y la construcción de una representación simbólica creada por la misma comunidad. 

Mira los relatos aquí  

El Proyecto para el Fortalecimiento de la Integración Local (PROFIL) en colaboración con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) y el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación (SUDIMER) de la UNAM presentaron el estudio “Desplazamiento Forzado Interno en México: análisis y recomendaciones para su atención en Jalisco, Puebla y Querétaro”. 

El objetivo de la investigación es conocer las características y la magnitud del Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México y su integración en las políticas públicas a nivel federal y en tres entidades específicas: Puebla, Jalisco y Querétaro. Fue dirigida por la Dra. Luciana Gandini, el Dr. Juan Carlos Narváez y la Mtra. María Teresa del Riego. 

La estructura metodológica del informe incluye un abordaje conceptual y normativo sobre el DFI, así como una exploración sociodemográfica con bases de datos como el Censo de Población y Vivienda 2020. Además, incorpora una revisión de la agenda pública y la incidencia en las políticas públicas sobre esta temática. 

Principales resultados 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el desplazamiento forzado interno implica que personas o grupos se vean obligadas a huir de su hogar o residencia habitual. Las razones pueden ser variadas: conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos, catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, entre otras. Los expertos advierten que puede ser tanto un fenómeno lento como repentino. 

En la investigación se identificó que algunos de los impactos negativos más graves del DFI en México han sido:  

• Pérdida del proyecto de vida  
• Ruptura de lazos familiares y sociales 
• Desaparición de los medios de vida y el patrimonio 
• Imposibilidad de acceder a servicios básicos (educación, salud, empleo, entre otros) 
• Limitación para ejercer sus derechos de participación política y social. 

El informe también menciona que hay poblaciones con mayor vulnerabilidad en el DFI: mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, los miembros de comunidades indígenas y la comunidad LGBT+. 

Desafíos del desplazamiento forzado 

Uno de los principales retos que enfrenta el abordaje del DFI en materia institucional es la falta de una herramienta oficial en el país que permita medirlo. En ese sentido, el uso de herramientas cuantitativas tiene limitaciones importantes como, por ejemplo, la imposibilidad de medir la multicausalidad del DFI; ni tampoco hay registros explícitos de los micro-desplazamientos al interior de los municipios.  

Sin embargo, este trabajo coincidió con la publicación del Censo de Población y Vivienda 2020, lo que permitió hacer una estimación de la DFI a lo largo del país y en los estados seleccionados. Se estima que cerca de 306.755 personas en México se han visto forzadas a dejar su lugar de origen.  

Estas estimaciones reflejan que las principales entidades federativas expulsoras de personas desplazadas internas son Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Jalisco. Estas entidades son, al mismo tiempo, receptoras de personas en este contexto de movilidad (con excepción de Tamaulipas y Guerrero), a las que se le suman Hidalgo, Puebla, Querétaro y Yucatán. 

• Para el caso de Querétaro, se calcula que el 35% de la población desplazada interna proviene de la Ciudad de México, el 20.6% del Estado de México, el 10% de Guerrero, y el resto procede de otras entidades.  
• En Puebla el 20% es de la Ciudad de México, el 18% del Edomex, y el 5% de Guerrero.  
• Finalmente, en Jalisco, el desplazamiento entre municipios de la entidad es el flujo más considerable al involucrar al 61% de la población DFI, en comparación con el 5.9% de la población procedente de Ciudad de México y el 5.7% de Guerrero.  

El desplazamiento interno en la agenda pública 

Los investigadores destacaron que hay avances considerables en la agenda pública sobre el DFI. En primer lugar, el reconocimiento del gobierno mexicano de la existencia del desplazamiento forzado interno.  

En segundo lugar, la inclusión del DFI en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024. Y, por último, la aprobación en 2020 por la Cámara de Diputados de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno. Actualmente, espera de la aprobación en el Senado. 

Otro resultado importante de este informe es el reconocimiento de distintas modalidades de DFI en las entidades de la investigación. Es decir, la existencia del desplazamiento intermunicipal, intramunicipal, rural-rural, rural-urbano, urbano-urbano e interurbano, y que, ante ello, no existe legislación en las tres entidades que pueda atender el DFI. 

En el informe, además, se expide una serie de recomendaciones para el seguimiento del DFI, tanto a nivel nacional como en los estados de diagnóstico:  

• Fortalecimiento de los marcos normativos que reconozcan la existencia del DFI  
• Elaboración de proyectos para la prevención del DFI y la construcción de paz 
• Elaboración de iniciativas que permitan la integración local y la sensibilización 

Sobre PROFIL  

PROFIL es un programa implementado por el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) en México. Su objetivo es apoyar el fortalecimiento de las capacidades de integración de personas migrantes y refugiadas en el país.  

El programa es financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y estará vigente hasta 2024. Durante su intervención, aspira a generar un impacto más allá de los estados piloto fomentando una integración sostenible de las personas migrantes y refugiadas en México, a partir de las redes de trabajo y sinergias creadas en distintos niveles.  

Bajo el lema “Nuestro mundo, nuestra opinión”, se celebró el Foro Internacional de Juventudes en Berlín, convocado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo – BMZ de Alemania. Más de 30 jóvenes de 18 países asistieron al evento y debatieron sobre las oportunidades, retos y casos de éxito de la participación juvenil.  

En representación de Centroamérica, acudieron las embajadoras juveniles del programa CaPAZ, Alicia Galeas de El Salvador y Eskarle Márquez de Honduras. Ambas compartieron sus experiencias como participantes de cursos de promoción de la participación juvenil y el desarrollo de habilidades socioemocionales en el proyecto. Durante el evento, expusieron ante la ministra federal de Cooperación y Desarrollo Económico, Svenja Schulze, las principales demandas y necesidades para el desarrollo social y productivo de la juventud en la región. 

Para las jóvenes, participar en este espacio representó una oportunidad única para conocer experiencias de desarrollo de la participación juvenil en el mundo.  

El programa regional CaPAZ terminará su primera fase en febrero de 2023, pero contará con una siguiente etapa hasta 2026. Dentro de sus prioridades se encuentran promover la participación juvenil en Guatemala, Honduras y El Salvador para asegurar que las medidas de apoyo que se diseñen cuenten con el respaldo del grupo meta de jóvenes a beneficiar. 

Sobre CaPAZ

El programa “Promoción del empleo juvenil, de la formación y capacitación para jóvenes marginados para contribuir a la prevención de la violencia juvenil en Centroamérica” (CaPAZ) es implementado por la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ, por sus siglas en alemán) Región SICA, en coordinación con la SISCA. 

Su objetivo es mejorar la resiliencia social y la empleabilidad de jóvenes para prevenir la violencia en municipios seleccionados del Triángulo Norte de Centroamérica. Es financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y ejecuta acciones en Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Fuente: CaPAZ 

La Secretaría de Economía de México destacó el trabajo en conjunto con la GIZ México en el marco del proyecto Iniciativa Agenda 2030. Gracias al trabajo de diversos sectores sociales, tanto a nivel nacional como estatal, el país avanza en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En el evento de cierre, se resaltaron los logros alcanzados en dicha estrategia en siete años de implementación. Los resultados incluyen la incorporación de enfoques de sostenibilidad en iniciativas legislativas, la movilización de recursos financieros y el fomento de la innovación en medidas de inclusión para grupos vulnerables. 

Iniciativa Agenda 2030 es un proyecto lanzado en 2018 en el que los gobiernos de Alemania y México han colaborado para implementar el programa en los estados del país, promover enfoques de gobernanza y mejorar las estructuras institucionales y estratégicas para acelerar el progreso. 

“Los principios del Gobierno Federal, plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y puestos en marcha mediante programas y acciones de gobierno, son los mismos que los de la Agenda 2030, empezando por nuestro enfoque de desarrollo: No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”, afirmó el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Alejandro Encinas Nájera, durante el evento. 

Fuente: Milenio

La COVID-19 cambió radicalmente la vida del ser humano. A casi tres años de su inicio, la reflexión sobre los cambios del trabajo en pandemia ayuda a seguir innovando desde un enfoque colectivo. 

En este marco, tres proyectos del sector paz de la GIZ en Colombia desarrollaron la publicación “El camino quedó dibujado: historias de trabajo en pandemia”.  El documento reflexiona sobre los aprendizajes y dificultades que atravesaron tanto los equipos de trabajo, como sus contrapartes gubernamentales. 

El objetivo central es valorar las experiencias de las personas que hicieron posible la implementación de los programas de cooperación durante la pandemia. Para ello, se elaboraron 29 entrevistas hacia finales del 2021 que se enfocaron en identificar los principales desafíos, buenas prácticas y lecciones aprendidas del trabajo de los proyectos del sector paz de la GIZ en Colombia. 

“La pandemia distorsiona la realidad con relación a los procesos que llevamos. A pesar de que ahora caminamos con menos temor, sigue siendo un elemento presente que no hemos dimensionado lo suficiente y de ahí la extrañeza en la relación con las personas”, sostiene Fanny Gaviria del proyecto ProPaz II en la publicación. 

Y agrega: “Las historias que aquí se exponen son solo una muestra del universo de personas que a diario hacen posible la implementación de los programas de paz de la GIZ en Colombia. Esta publicación es un reconocimiento a su resiliencia y compromiso con la construcción de paz y la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado”. 

Historias del trabajo en pandemia en vídeo 

Con el objetivo de encontrar otras audiencias, se desarrolló una serie de vídeos animados con base en las historias recopiladas. Escuchar las voces de los protagonistas ayuda a identificarnos más con sus vivencias y experiencias. 

Sobre los proyectos 

El programa Buena Gobernanza municipal para la paz (Paz Comunal) tiene por objetivo que actores locales estatales y no estatales cooperen de manera transparente e inclusiva en la construcción de paz en sus territorios.  

Deporte para el Desarrollo (DpD) está estrechamente vinculado con otros programas ya establecidos de la Cooperación Alemana. Trabaja con la metodología “Deporte con Principios” para construir con los niños, niñas y jóvenes valores como el respeto, el espíritu de equipo y competencias sociales. 

El objetivo general del programa ProPaz II es fortalecer la protección, el fomento y la garantía de los derechos de las víctimas a nivel nacional, regional y local. Es continuación de una primera parte que se implementó entre 2015 y 2021. Se basa en el desarrollo y la focalización de los enfoques ya probados para fortalecer y proteger los derechos de las víctimas en la implementación de las políticas de paz y la superación del conflicto violento.