El municipio de Zacatecoluca, en la zona paracentral de El Salvador, es el escenario de implementación de una metodología innovadora que busca sensibilizar a jóvenes, docentes y líderes comunitarios sobre sus derechos y los riesgos asociados a la migración irregular. 

La metodología fue desarrollada en el marco del programa regional ALTERNATIVAS, que ejecuta la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ). Sus abordajes incluyen temas como: 

• Derechos de las personas migrantes 
• Riesgos que conlleva emprender la ruta migratoria de forma irregular 
• Oportunidades de desarrollo local que ofrece Zacatecoluca por medio de la municipalidad y otras instituciones locales. 

Estos temas se abordan a partir de recursos audiovisuales y lúdicos que permiten a cada participante realizar una reflexión colectiva sobre cada tema. Paso a Paso ha sido aplicado exitosamente en cuatro centros educativos del municipio, y en cuyas actividades han participado 531 estudiantes. 

Las personas en movilidad se enfrentan a una problemática común: un débil proceso de integración económica en las comunidades de acogida. Sus causas son variadas: desde desconocimiento de los procesos por parte de los actores involucrados, hasta articulación deficiente entre el sector público, organizaciones civiles y empresarios.

En este contexto, el Programa de Integración Local en México (PROFIL) diseñó e implementa actualmente tres estrategias locales para propiciar la integración económica de personas en movilidad en los estados de Jalisco, Puebla y Querétaro.

Esta práctica prometedora incluye una metodología y hoja de ruta para su implementación, a la vez que se encuentra construyendo mecanismos de verificación de resultados.

En la línea de Buenas Prácticas de salud mental y de procesos de atención psicosocial, el Proyecto SI Frontera ha desarrollado un esfuerzo de “atención psicosocial a migrantes, retornados y población de acogida, desde los primeros auxilios psicológicos y el botiquín de primeros auxilios psicológicos”.

En el marco de la estrategia se realiza una contribución a la consolidación de la institucionalidad para cada uno de los municipios e igualmente para los albergues que prestan atención a la población en la comunidad. La estrategia parte de la necesidad de manejar las crisis emocionales que traían algunas de las personas atendidas en cada uno de estas dependencias.

El problema contextual recae en una notable deficiencia en la accesibilidad al tratamiento psicológico. Estas personas, que independientemente de su nacionalidad, no tienen acceso a la comunidad de salud mental, de allí la necesidad de tener una capacidad instalada en cada una de estas dependencias y albergues para poder prestar un servicio que atienda estas necesidades tan urgentes y vitales para la población. Hay que recordar que la salud mental es una de las necesidades más desatendidas que presenta desenlaces fatales, en muchas de las ocasiones.

Desde un enfoque psicosocial, se ha diseñado desde una caja denominada Botiquín de Primeros Auxilios Psicológicos P.A.P, dirigido para las administraciones municipales, para la oficina de comisarías de familia y para los albergues activos en el territorio. Esto se realiza a manera de contribución a la atención que se presta desde esta dependencias para la población de cada uno de los municipios. Puesto que es en las administraciones dónde se brinda la asistencia psicológica a cada uno de las personas y núcleos familiares, el objetivo de esta herramienta es facilitar el actuar de los funcionarios y voluntarios ante una crisis, brindando una estabilidad emocional. Con esto, se buscan evitar evitar secuelas que puedan desencadenar en una enfermedad mental para la persona o personas afectadas que acuden al servicio.

Esta actividad se ha replicado en los municipios de Bochalema, Chitaga y Ragonvalia, donde se ha realizado, tanto la entrega del botiquín cuanto el entrenamiento para su uso. En en el municipio de Toledo, se realizó la entrega de material y permanece pendiente la fase de socialización por la emergencia de la pandemia de COVID-19 presentada en este municipio, en los municipios de Pamplona y Chinácota.

El enfoque “Acción sin daño” (Do-No-Harm, por su denominación en inglés) es un principio y una metodología que permite reconocer, evitar y mitigar riesgos y consecuencias imprevistas (impacto no-deseado) de intervenciones de proyectos de la cooperación al desarrollo.
Para los proyectos de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ), el enfoque “Acción sin daño” es un estándar mínimo y obligatorio para aquellos programas que se implementan en países etiquetados como “rojos” o “amarillos” en términos de seguridad.

La buena práctica «Transversalización del enfoque Acción sin daño en la planeación anual de un proyecto» busca fortalecer la aplicación de esta metodología en un proyecto de la GIZ a nivel actividad en la fase de planeación anual.

Para abordar la problemática de la migración irregular en Centroamérica y México, el proyecto trabajó en distintas iniciativas de inclusión educativas enmarcadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 (Educación de calidad) y 5 (Igualdad de género).
Se identificaron dos prácticas prometedoras:

• La implementación de programas de refuerzo escolar es una herramienta efectiva contra la deserción escolar e influye de manera directa en la decisión de migrar de manera irregular. Se encuentra enfocada en niños entre 10 y 14 años.
• El bachillerato en modalidad flexible, implementado por el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, acerca la oferta educativa a aquellas personas que no han logrado continuar con su educación básica. Está destinada a jóvenes entre 15 y 29 años.

Ambas prácticas han tenido un impacto positivo en las poblaciones objetivo, especialmente en el contexto de la pandemia por COVID-19 donde la vulnerabilidad de los migrantes es mayor.

Para atender las necesidades educativas de los migrantes, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador brinda un servicio flexible a través de dos programas: Estrategia de Prueba de Suficiencia y Bachillerato Virtual.

La primera buena práctica es una evaluación que mide el dominio de las competencias de aprendizaje adquiridas en las cuatro asignaturas básicas del currículo nacional: Matemática, Lenguaje y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales, establecidos para cada grado y asignatura que corresponden a la educación básica y media. De esta manera, aquellas personas que hayan desertado de la escuela pueden certificarse. El examen se complementa con un proceso de tutoría previo que acompaña y prepara a las personas migrantes interesadas.

Por otro lado, el Bachillerato Virtual ofrece la posibilidad de acceder a estudios sin tener que asistir presencialmente a clases. Su duración es de dos años y se cuenta con una plantilla docente altamente capacitada para hacer frente a la demanda de esta modalidad flexible.

Los beneficios e impactos de cada una de estas buenas prácticas ya se encuentran documentados.

“Seamos Panarceros” es una herramienta pedagógica que se desarrolla en Colombia con el objetivo de mejorar la convivencia entre estudiantes colombianos y venezolanos en el ámbito escolar. Este material busca generar reflexiones entre niños, niñas y adolescentes, sus maestros y familias, en torno a una serie de conceptos clave vinculados a los procesos migratorios, tales como: frontera, derechos humanos, refugio, desplazamiento forzado, trata de personas, xenofobia, discriminación, entre otros.

Lo novedoso es que la temática migratoria se desarrolla en el marco de la integración, convivencia pacifica y reducción de xenofobia, desde un proceso académico, investigativo y susceptible de ser replicable en ambientes escolares.

En El Salvador una buena parte de la población en edad escolar se encuentra en condición de vulnerabilidad, ante los efectos de los fenómenos sociales, económicos y ambientales que impiden o limitan el acceso y la permanencia a la educación básica como derecho fundamental. El abandono a temprana edad de la escuela provoca un estancamiento en el desarrollo profesional de niños, niñas y adolescentes, que redunda negativamente en su proyecto de vida a mediano y largo plazo.

Ante esta situación, se ha construido e implementa una oferta educativa curricular de Educación Acelerada para el I y II ciclo de Educación Básica. Esta modalidad cuenta con una metodología que pone a cada estudiante en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo empodera y le permite construir y reconstruir su vida a través de los aprendizajes y de su desarrollo integral. Su implementación se fundamenta en los principios pedagógicos del constructivismo y de la metodología de aprendizaje basado en la resolución de problemas, que favorece que sea significativo y para toda la vida.

El Sistema de Alerta y Respuesta Temprana es un proceso enfocado en la identificación, atención y seguimiento del abandono o riesgo de abandono escolar.

Abarca los primeros meses del año escolar, durante el período de febrero a abril, con seguimiento permanente de matrícula en el Sistema de Administración de Centros Educativos -SACE- con cortes quincenales de gestión de información, mediante Encuesta SART. Incluye además el Análisis en Tableros Informáticos según proyección y avance de matrícula, con búsqueda, localización e inscripciones in situ. Esto permite la toma de decisiones tempranas y pertinentes por parte de autoridades educativas del nivel central y descentralizado, garantizando el acceso de educandos hasta lograr una consolidación en la matrícula inicial.

El sistema incluye la identificación automatizada de Niveles de Riesgo de Abandono Escolar de la población estudiantil en matrícula actual por parte del personal docente de centros educativos, con recomendación y facilitación informática y física de un Menú de herramientas de Atención y Respuesta Educativa según el nivel de abandono identificado.

El Sistema de Certificación de Competencias (SCC) tiene por objetivo reconocer y certificar saberes, conocimientos, capacidades, habilidades y competencias de personas que desempeñan oficios y ocupaciones aprendidos a lo largo de la vida.

Esta certificación beneficia a los guatemaltecos de origen, nacionalizados y extranjeros residentes en el país o en cualquier parte del mundo, a partir de los 15 años, vinculados a algún saber, oficio, experiencia u ocupación. A través de este reconocimiento, se pretende propiciar su desarrollo social y laboral, mejorando sus condiciones de vida y dignificando su empleo.