En este documento se reflexiona sobre la experiencia de las personas con discapacidad en el sistema financiero y se dignifica su rol como sujetos económicamente activos.

El principio transversal “No dejar a nadie atrás” que defiende la Agenda 2030 sostiene que todas las personas deben ser beneficias con el desarrollo económico y el bienestar social. La inclusión financiera de las personas con discapacidad se enmarca en este contexto, dado que fomenta sociedades más justas. 

Gracias a las nuevas posibilidades que brindan los avances tecnológicos y de infraestructura es posible que las personas con discapacidad gocen de un mejor acceso a los servicios financieros. No obstante, aún queda camino por recorrer en el fortalecimiento de las alternativas de accesibilidad a fin de garantizar la no discriminación. 

Este documento, creado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México con apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) dignifica el rol de las personas con discapacidad como sujetos económicamente activos, usuarios de los canales financieros. En esta línea, reconoce también las múltiples barreras de acceso y uso de los servicios financieros, al tiempo que brinda recomendaciones.  

El programa regional CaPAZ sistematizó su experiencia de implementación para recoger buenas prácticas y lecciones aprendidas.

El programa regional CaPAZ, implementado por la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ), y la Secretaría de Integración Social Centroamericana (SISCA) desarrollaron un enfoque de Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS) en un programa de empleabilidad para jóvenes viviendo en contextos de altos índices de violencia. 

En este documento, se comparten lecciones aprendidas de este enfoque y detalles de cómo se han desarrollado las capacidades de las personas e instituciones que participaron en este componente del programa. 

Además, se explican en concreto tres de las once medidas que CaPAZ desarrolló e implementó con jóvenes a fin de fomentar su resiliencia psicosocial en procesos de formación profesional: 

1. Sembrando la Esperanza impartido en el municipio de La Esperanza en Honduras.  

2. Mentorías Grupales para Jóvenes, implementado en el municipio de Zacatecoluca en El Salvador.  

3. Inglés para el Trabajo, impartido en el municipio de Villa Nueva en Guatemala. 

Este documento compila casos y estrategias de acceso a derechos de la población migrante, retornada y de acogida.

El acceso a derechos de las personas migrantes es un tema fundamental en la agenda de los derechos humanos. En este sentido, este documento se convierte en un referente para la gestión de casos y estrategias que permiten proteger, promover y garantizar soluciones duraderas, desde un enfoque integral, a población migrante, retornada y de acogida. 

Los casos aquí compilados tienen dos objetivos: un lado, reconocer el trabajo realizado por diversos proyectos implementados en Colombia sobre atención psicosocial, jurídica y de protección; y, por otro, servir de inspiración para otras iniciativas que se deseen ejecutar en contexto similares. 

Las estrategias han sido implementadas gracias al apoyo de la Unión Europea y la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable (GIZ) en conjunto con diferentes socios estratégicos como CONSORNOC, Con-sentidos, Comité Internacional de Rescate, CARE y la Defensoría del Pueblo. 

Este documento busca acompañar a las personas que imparten justicia e incluye elementos esenciales para comprender la violencia contra las mujeres.

Equis Justicia para las Mujeres presenta esta Guía para dictar órdenes de protección, enfocada en personal de Justicia que debe aplicar este mecanismo diariamente en México.  

“Es una herramienta fundamental para el ejercicio de las funciones de jueces y juezas. Esta herramienta en co-construcción con organizaciones de la sociedad civil genera una esperanza para que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia”, destacó Karla Ripoll, oficial de proyectos del área legal de la organización. 

El documento incluye tres aspectos esenciales: 

• Los aspectos fundamentales de las órdenes de protección: su configuración, propósito y principales características distintivas en comparación con otros mecanismos de protección personal. 
• Información pertinente para comprender la violencia contra las mujeres, a fin de identificarla y actuar eficazmente a través de las órdenes de protección. 
• Los principales retos identificados desde un análisis legislativo y de la experiencia de las organizaciones civiles. Se incluyen una serie de criterios que ayudan a que las órdenes funcionen mejor en la prevención de la violencia contra mujeres y niñas. 

Este documento se realizó con el apoyo del proyecto PROFOSC, de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) en México y sus contrapartes la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil (DGVOSC).    

Fuente: Equis Justicia para las Mujeres 

Un informe cuantifica las medidas de implementación de algunas metas de los ODS en el país.

En 2015, los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se comprometieron al cumplimiento de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Su objetivo es alcanzar un futuro más sustentable a través del abordaje de complejos desafíos como la pobreza, el cambio climático, la salud, entre otros.  

Para cumplir estos ambiciosos objetivos se necesita un financiamiento significativo que debe ser movilizado por los diferentes países. Sin embargo, muchas veces se presenta el reto de no contar con una cuantificación específica que permita la implementación de acciones. 

Por esta razón, la Oficina de la Agenda 2030 de la Secretaría de Economía de México, en colaboración con la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable (GIZ) en México, desarrolló un informe que ofrece una cuantificación de una selección de metas establecidas en los ODS. 

La metodología para estimar el costo de lograr las metas seleccionadas incluye la medición de los costos directos de las intervenciones relevantes, así como los impactos indirectos positivos (transversales). 

El Anuario de Movilidad y Migración Internacional muestra las principales dinámicas de movilidad de personas en territorio mexicano.

Tras la pandemia por COVID-19, la reactivación de las actividades y flujos de personas ha representado un reto para México. Durante 2021, el problema aún presente en la frontera norte con Estados Unidos y las caravanas de personas provenientes del sur fueron los principales desafíos. 

Para conocer más, la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) publicó el Anuario de Movilidad y Migración Internacional en las Entidades Federativas de México 2021. El documento muestra las principales dinámicas por entidad federativa a partir de la información estadística de manera sencilla, resumida y práctica.  

El anuario está dividido por entidad federativa, mostrando información que abarca diferentes temas como: entradas, documentación, migración irregular, mexicanos devueltos (repatriados) y niñas, niños y adolescentes.  

La migración se ha incrementado en Guadalajara, México. Sin embargo, las personas migrantes y refugiadas presentan dificultades para su inserción laboral y personal.

El Área Metropolitana de Guadalajara (AGM), en México, ha recibido en los últimos años un incremento en la cantidad de personas migrantes y refugiadas que desean asentarse allí. Sin embargo, dada su corta experiencia recibido a población migrante, la inserción laboral y personal enfrenta diversas dificultades.

En este contexto, el colectivo Caminantas Red de Mujeres Migrantas y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) trabajaron en la elaboración de este manual titulado “Derechos adquiridos de las personas migrantes al trabajar en México”, en el marco de la iniciativa “Origen y destino” del Programa de Integración Local en México (PROFIL).

El material tiene por objetivo que las personas migrantes que se incorporan al mundo laboral en México conozcan e identifiquen sus derechos, así como las responsabilidades de los empleadores. De esta forma, se pretende lograr una mejor integración social.

Bajo la premisa «Nadie defiende lo que no conoce”, el documento se divide en ocho
apartados que incluyen desde una introducción a los derechos humanos laborales hasta lo que implica las relaciones individuales de trabajo y los derechos que se adquieren con ella. Además, se comentan los requisitos mínimos de un contrato y sus condiciones de término.

Las uniones infantiles y matrimonios tempranos representan una práctica nociva en la región que viola los derechos humanos de las niñas y adolescentes.

Una de las violaciones de derechos humanos de niñas y adolescentes en América Latina más silenciosas se refiere a los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas. De hecho, el ODS 5, en su indicador 5.3.1, mide la proporción de mujeres entre 20 y 24 años que están casadas o mantienen una unión estable desde antes de cumplir los 18 años. En América Latina, la proporción es una de cada cinco.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las niñas y adolescentes que viven en zonas rurales pertenecen a comunidades indígenas o afrodescendientes enfrentan un mayor riesgo a pasar por esta situación. Entre sus causas, se encuentran la limitada autonomía física, económica y en la toma de decisiones de las mujeres en las sociedades, lo que profundiza la desigualdad de género.

Sin embargo, el impacto de esta práctica va más allá de la situación de miles de niñas y adolescentes en la región. Por el contrario, se perpetúa la transmisión intergeneracional de la pobreza, afectando a sus familias y el desarrollo de las comunidades y de los países.

Para profundizar en esta temática, consulta el siguiente documento: “Los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados. Prácticas nocivas profundizadoras de la desigualdad de género en América Latina y el Caribe”.