Esta buena práctica es implementada por el Consejo de la Judicatura Federal y la Cooperación Técnica Alemana a través del Proyecto Fortalecimiento de la Justicia Federal para los Derechos Humanos (FORTAJUS-DH). 

En el marco del Proyecto Fortalecimiento de la Justicia Federal para los Derechos Humanos (FORTAJUS-DH) se creó la primera generación de indicadores para medir el grado de cumplimiento de las obligaciones internacionales en derechos humanos emitidas por organismos internacionales hacia el Consejo de la Judicatura Federal. Estos indicadores se enfocaron en violencia de género y tortura y malos tratos, basándose en una propuesta metodológica sólida y la visión institucional del Poder Judicial Federal. 

Para lograr este proceso pionero en la medición del cumplimiento de obligaciones internacionales, se dio importancia a la generación de datos confiables, oportunos y de calidad como un criterio fundamental para el proyecto. 

Asimismo, se llevó a cabo un ejercicio piloto para identificar y explorar los sistemas de información útiles para aplicar métodos de extracción y procesamiento de datos adecuados para los indicadores diseñados por el proyecto, con el objetivo de valorar el nivel de cumplimiento de obligaciones internacionales por parte del Consejo de la Judicatura Federal. 

Esta buena práctica es implementada por la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ México) en colaboración con diferentes académicos, organismos internacionales junto con el Servicio Nacional de Empleo (SNE). 

La inclusión financiera de personas en contexto de movilidad es de vital importancia para su integración económica a largo plazo. Con el fin de lograr este objetivo, esta práctica prometedora implementó dos tipos de acciones: sensibilización y capacitación. 

En primer lugar, se llevaron a cabo tres sesiones de sensibilización sobre la integración laboral y los servicios ofrecidos por el Servicio Nacional de Empleo (SNE), dirigidas a tres grupos específicos: personas en desplazamiento forzado interno (DFI), personas solicitantes de refugio, y personas mexicanas repatriadas y retornadas. 

Por otro lado, se ofreció un programa de capacitación en línea durante cinco semanas sobre la inclusión financiera de personas refugiadas y migrantes en México, en el que participaron expertos nacionales e internacionales de diversos sectores. 

Esta metodología, ampliamente utilizada en la cooperación internacional, es adaptable a diferentes contextos y es enriquecedora en su aplicabilidad. 

Esta buena práctica es implementada por el Servicio Nacional de Empleo (SNE), con el apoyo financiero de la OIT y ACNUR, y la asistencia técnica de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ México). 

El Servicio Nacional de Empleo (SNE) está implementando un micrositio dentro del Portal del Empleo dirigido a personas en contexto de movilidad, con el objetivo de atraer e identificar a aquellas que se encuentran en búsqueda de empleo en México, así como satisfacer las necesidades de las empresas en términos de vinculación laboral con este grupo. 

Esta iniciativa aborda dos problemáticas específicas. Por un lado, la existencia de cientos de miles de personas en contexto de movilidad en México que enfrentan dificultades significativas para acceder a empleos formales en el país. Por otro, la creciente necesidad de las empresas de contar con recursos humanos provenientes de este grupo, pero que se enfrentan a dificultades para encontrarlos y desconocen los requisitos básicos de documentación necesarios para su contratación. 

El prototipo está disponible aquí. 

Esta buena práctica es implementada por Sparkassenstiftung Alemana. 

Durante la fase de orientación del proyecto en Colombia y Perú, se ha identificado que las personas migrantes venezolanas, concentradas principalmente en las grandes ciudades, suelen trabajar en el sector informal. Sin embargo, existe una falta de datos sobre su inclusión financiera debido a obstáculos jurídicos, la ausencia de historiales crediticios y la disparidad de información. 

Como parte de esta iniciativa, se llevaron a cabo grupos focales con personas migrantes para diseñar un plan de formación en desarrollo empresarial y educación financiera. Además, se analizaron las necesidades específicas de las instituciones aliadas y se realizaron estudios sobre las mejores prácticas internacionales para la integración financiera de personas migrantes, así como el marco jurídico de los procesos de inmigración en ambos países. 

Los impactos positivos de estas acciones se han observado en ambos países, incluyendo la creación de créditos, la implementación de talleres sobre finanzas personales y la puesta en marcha de programas de educación financiera dirigidos a la población migrante.